(VOVworld) -  En la sesión matutina de hoy, la Asamblea Nacional de Vietnam discutió la implementación de las políticas de promoción de inversiones en la agricultura, el campesinado y el campo. La mayoría de los diputados afirmaron que la inversión en el sector agrícola tiene una mayor significación en medio del proceso de reestructurar la macroeconomía en que se encuentra sumido el país.

En los últimos tiempos, el Partido y el Estado han promulgado directrices y políticas sobre la inversión en la agricultura, el campo y el campesinado para transformar las zonas rurales, promover el desarrollo agropecuario integral y mejorar la capacidad competitiva de los productos agrícolas a nivel mundial.

Pese a estos esfuerzos,  en la agricultura de Vietnam se han puesto de manifiesto limitaciones e insuficiencias, lo que demuestra el hecho de que  en sólo un  período de 10 años, el Gobierno promulgó un total de 237 documentos legales al respecto, de difícil  aplicación en la actualidad. Nguyen Lam Thanh, diputado de la provincia norteña de Lang Son indicó:“Con una serie de documentos y textos legales, es muy probable que se produzca solapamiento y la heterogeneidad, así como que se haga difícil aplicarlos. Por ejemplo, hubo 5 decisiones del Primer ministro que orientan los procesos de construcción de viviendas a los pobladores en zonas inundadas del Delta del Río Mekong y lo mismo para los fondos vertidos al programa nacional de agua potable en las zonas rurales. Mientras tanto, todavía hacen falta políticas innovadoras para fomentar el desarrollo nacional, sobre todo en la ciencia-tecnología, promoción de mercados, procesamiento agrícola para aumentar la eficiencia y la competitividad.”

Otros parlamentarios propusieron enmendar la Ley de la Tierra, ampliar los límites de la superficie de cultivo y  tomar medidas para animar a los agricultores a concentrar las tierras de cultivo, prolongar la concesión de la licencia de los derechos de uso de la tierra para igualar el período de arrendamiento de las empresas.

Exhortaron al Gobierno a recaudar fondos para programas de inversión pública en agricultura, asegurar suficientes fondos de contrapartida locales para atraer la asistencia oficial para el desarrollo, entregar préstamos con interés preferencial para los salineros, así como mejorar el sistema de clínicas distritales y comunales.