El canciller cubano, Bruno Rodríguez (Foto: Xinhua/VNA)

En su cuenta de Twitter, la Cancillería cubana recordó que en 1996, el mismo año en que entró en vigor la Ley Helms-Burton, Cuba aprobó la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas.

Esa legislación declara ilícita la ley hostil estadounidense, y la califica de inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno, con lo que considera nula toda reclamación amparada en ella por parte de persona natural o jurídica, cualquiera que fuese su ciudadanía o nacionalidad, añadió la Cancillería.

Estas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba responden a la decisión de Washington, anunciada este miércoles por el secretario de Estado, Mike Pompeo, de activar el Título III de la iniciativa, que busca privar a la nación caribeña de la inversión extranjera necesaria para impulsar su desarrollo socioeconómico.

El Título III confiere a los ciudadanos estadounidenses la posibilidad de presentar demandas en cortes federales contra quienes “trafiquen” con “propiedades confiscadas”, y extiende esa autorización a propietarios que no poseían ciudadanía de Estados Unidos al momento de las nacionalizaciones.

Cuba consideró que se trata de un ataque al derecho internacional y a la soberanía de su país y de otros Estados.