Los delegados hicieron hincapié en que el borrador jurídico revisado debería proporcionar disposiciones más específicas sobre la adquisición y valoración de terrenos, afirmando la necesidad de reformar la Ley de Tierras para solucionar las insuficiencias existentes en la actualidad.

Sin embargo, con la requisa de tierras el Estado debe garantizar los derechos y obligaciones legales de las tres partes: Estado, pueblo y empresas.

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To Van Tam, legislador de la delegación parlamentaria de la provincia altiplánica de Kon Tum, dijo: “Las personas pueden aceptar sacrificar sus derechos o sufrir pérdidas por sus intereses si la requisa de tierras es para fines de defensa nacional, seguridad o desarrollo económico en beneficio de la comunidad. A la gente le resultará difícil aceptar que esta labor no sea para el beneficio del Estado, sino para el beneficio de un individuo o un grupo de personas debido al bajo precio de compensación, creando así espacios para intereses egoístas y grupales. La modificación de la Ley de Tierras esta vez necesita resolver este problema.”