También hacen referencia a las denuncias sobre las "conductas tendenciosas" del juez Sérgio Moro, que condenó a Lula en primera instancia y el 5 de abril ordenó su detención, y de los fiscales que le acusaron. El objetivo es conseguir que el exmandatario siga en libertad hasta que se resuelvan los recursos en todas las instancias posibles, dado que aún tiene margen para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal.    

Lula fue condenado en enero pasado en segunda instancia a 12 años de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero, acusado supuestamente de haber aceptado como soborno un apartamento de lujo de la empresa constructora OAS. El juez Moro le dio de plazo hasta este mismo 6 de abril para entregarse y ser enviado a la cárcel.

Con anterioridad, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil negaron el recurso de hábeas corpus (petición para evaluar la legalidad de un arresto) presentada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a partir de ese momento podría ingresar en prisión.

Entretanto, cientos de partidarios del líder izquierdista se concentraron cerca del edificio del Tribunal Supremo Federal en Brasilia, rodeados por un fuerte esquema de seguridad, y a pesar de la tensión entre partidarios y detractores del expresidente por el momento no se registraron incidentes violentos.