Esta decisión fue anunciada tras una reunión del gabinete del Ejecutivo. El comunicado del Gobierno señaló que las protestas de los islamistas suponen un peligro para la seguridad nacional. Inmediatamente después, el movimiento de los Hermanos Musulmanes y las fuerzas a favor del depuesto mandatario rechazaron la antesmencionada decisión, considerándola como un paso para allanar el camino para acciones de "baño de sangre contra los manifestantes".

Mientras tanto, los manifestantes en las dos plazas erigieron nuevos campamentos. Observadores estiman que las protestas pro Mursi seguirán extendiéndose a pesar de los riesgos de enfrentar duras acciones de las fuerzas policiales.