(VOVWORLD) - El Gobierno de Rusia negó el 17 de marzo cualquier valor jurídico a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Vladimir Putin y la comisionada para los Derechos del Niño del gobierno de Moscú Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra.
 La sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. (Foto: Getty Images) |
Moscú alega que este veredicto no tiene base legal y que Rusia no reconoce a ese tribunal. El jefe del Comité Constitucional del Consejo de la Federación Rusa, Andrei Klishas, declaró que la orden de arresto de la CPI no tiene base legal. Mientras tanto, el representante permanente del pais euroasiático ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, criticó dicha decisión y la describió como “excesiva e ilegal”.
Por su parte, el primer vicepresidente del Comité Internacional del Consejo de la Federación, Vladimir Dzhabarov, acusó a la CPI de caldear la situación con veredictos ilegales, mientras que el presidente de la Duma Estatal Vyacheslav Volodin, subrayó que Moscú considera "cualquier ataque contra el presidente Putin” como un acto de “agresión” a su país.
El Kremlin y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también emitieron una declaración rechazando la orden de arresto de la CPI, enfatizando que su Estado no es parte del Estatuto del tribunal ni reconoce su jurisdicción.
En un hecho relacionado, la portavoz de la Asamblea General de la ONU, Polina Kubiak, dijo que el presidente de ese órgano, Csaba Koroshi, está listo para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, si lo desea. “Rusia es miembro de la ONU. Esto no ha cambiado y no cambiará, a menos que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General decidan lo contrario”, dijo.
La CPI fue establecida bajo el Estatuto de Roma de 1998 y ha estado vigente desde 2003. Rusia y más de 40 países no reconocen su jurisdicción.