(VOVWORLD) - La modificación de la Ley de Tierra fue uno de los temas más discutidos en el debate vespertino de este miércoles en el marco del primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura, en torno al borrador del programa de construcción de leyes y decretos de 2022 y el mismo plan para 2021.
El diputado To Van Tam habla en la sesión del 21 de julio. (Foto: VNA)
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Las opiniones presentadas en la jornada apuntaron a incluir el proyecto de enmienda de dicha ley al programa legislativo de 2022. El diputado To Van Tam, de la delegación parlamentaria de la provincia de Kon Tum, expresó: “La Ley de Tierra acapara la atención de la ciudadanía. El Comité Permanente de la Asamblea Nacional propuso aprobarlo después de tres períodos de sesiones parlamentarias según el procedimiento establecido. En realidad, la tierra no se ha convertido en un gran recurso para el desarrollo socioeconómico del país. Aunque la presentación del Comité Permanente del Parlamento deja abierta la posibilidad de acelerar la consideración de esta norma durante dos períodos de sesiones, en mi opinión, por la complejidad del tema es mejor chequearlo bien en tres períodos”.
De acuerdo con la presentación del Gobierno vietnamita, hay 11 grupos de políticas que se buscarán modificar y complementar, a saber el esclarecimiento del papel y la responsabilidad del Estado en calidad de representante de los propietarios y la clasificación de terrenos según su objetivo de uso, espacio y función, entre otros.
El Gobierno también propone modificar y complementar los reglamentos sobre la adquisición de tierras para explotarlas de modo eficiente para el desarrollo socioeconómico del país; el perfeccionamiento de la política relativa al cambio del propósito del uso de superficies cultivables y forestales; la gestión y el empleo de parcelas al servicio de la producción agrícola a gran escala; y la mejora de los mecanismos destinados a solucionar las controversias en la materia.
La Ley de Tierra de 2013 entró en vigor el 1 de julio de 2014. Según un informe del Gobierno, luego de más de siete años de implementación, junto a sus resultados positivos, la norma ha revelado sus limitaciones, lo que requiere una enmienda integral para la mejor gestión y uso de este recurso.